El congreso aprueba esta iniciativa dando respuesta a lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 2012, en la que se insta a las Administraciones Públicas a impulsar la mediación. Sin embargo no ha estado exenta de críticas por algunos partidos que consideran que no aporta nada significativo y que recoge un plantemiento demaseado «tibio».
